El jurista Namphi Rodríguez instó al Gobierno a rescindir el contrato con Odebrecht para la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina porque esa empresa ha incumplido con el respaldo económico que ofertó en la licitación.
Rodríguez dijo que si Odebrecht no garantiza el financiamiento está faltando a una de las cláusulas básicas de su oferta por lo que se le adjudicó la construcción de la obra.
“Si ha colapsado la parte económica de su programa de ejecución, no es justo que el Gobierno cubra ese hoyo, porque su oferta de financiamiento fue uno de los componentes básicos de la propuesta concursal”, sostuvo.
Advirtió que no sería equitativo que el Gobierno entregue a la empresa brasileña los US$600 millones que captará en los mercados bursátiles internacionales con los bonos para solventar su falta contractual de Odebrecht.
El catedrático de Derecho Constitucional y presidente de la Fundación Prensa y Derecho indicó que el Gobierno puede invocar el principio de derecho común que establece que los contratos deben ser cumplidos fielmente de acuerdo a lo pactado.
“Al ellos no cumplir, están otorgando un derecho de rescisión unilateral al país en virtud de que no estamos obligados a cargar con su falta”, agregó.
Igualmente, consideró que una decisión en ese sentido en nada entorpecería la labor que realiza la comisión nombrada por el Poder Ejecutivo para la transparencia de la adjudicación de la obra.
Adujo que en Perú Odebrecht fue despojada de una concesión de US$7,000 millones para la construcción de un gaseoducto por la insolvencia financiera que en que cayó a raíz de los escándalos de sobornos.
Sostuvo que en el Derecho Internacional existe el principio de la buena fe de las convenciones y los contratos, de acuerdo al cual las obligaciones contraídas se deben cumplir sin sorprender a la contraparte.
Señaló que la crisis por el escándalo de soborno ha sido el “iceberg” del problema, pero que hace más de un año la empresa viene causando problemas a la República Dominicana por su incumplimiento de tramitar un financiamiento de US$656 millones ante el Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES).
“La República Dominicana ha resultado perjudicada en su planificación presupuestaria para el 2017 al fallar el compromiso de aportar más de US$600 millones, esa es una causa suficiente no sólo para la rescisión unilateral del contrato, sino para demandar la empresa por daños y perjuicios”, juzgó.
Rodríguez apuntó que habría que analizar cuál sería la situación jurídica de las empresas italiana Tecnimont y la dominicana Acero Estrella, las cuales forman parte del consorcio adjudicatario junto a Odebrecht.
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