SANTO DOMINGO. La Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IDEM) declaró que la práctica generalizada de sobornos establecida por la empresa brasileña Odebrecht en 12 países, incluida la República Dominicana, “obliga a los poderes públicos, particularmente al Poder Judicial, el Congreso Nacional y los demás órganos de control, a investigar todos los contratos suscritos y ejecutados por esta empresa en el país, identificar a los que distribuyeron y recibieron los sobornos, reunir las pruebas pertinentes y someterlos a la justicia para que se aplique sin contemplación alguna el régimen de consecuencias correspondiente”.