Con esta normativa se busca “delimitar algunas zonas grises o brechas que podían dar lugar a irregularidades que no están de acuerdo con el espíritu de las normas establecidas”, según expresó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.
“Este decreto servirá para cerrar esas brechas y asegurar que todos los órganos públicos realicen los procesos con transparencia, igualdad de oportunidades y libre competencia. A partir de ahora las obras y las contrataciones se ejecutarán solo cuando haya fondos aprobados y contratos en regla”.
Entre otras disposiciones establecidas, destaca que el decreto obliga a las entidades del Gobierno a certificar la disponibilidad de fondos, antes de un proceso de compra.
“Esto impedirá que las instituciones se endeuden más allá de sus posibilidades y protegerá a los proveedores, que tendrán garantizado el pago de sus servicios”, enfatizó Montalvo.
Montalvo explicó que la crisis de los años 2003 y 2004 puso en evidencia la necesidad de fortalecer el marco legal de las finanzas públicas, desde la tesorería y el presupuesto al manejo de las cuentas y los procesos de compra.
“Sin duda hemos avanzado desde entonces, estableciendo controles, transparentando los procesos y facilitando la rendición de cuentas. Sin embargo, en este camino hemos detectado vacíos que podían usarse para llevar a cabo acciones contrarias al espíritu de la ley. Son precisamente esas situaciones las que evitaremos con este decreto” dijo el ministro.
El ministro expresó asimismo que con las nuevas disposiciones se logrará una mayor disciplina en las compras del gobierno, “lo cual es clave para la estabilidad económica del país y la transparencia de las cuentas públicas”.
En palabras del ministro, esto servirá para consolidar las políticas encaminadas al desarrollo productivo de MIPYME, mujeres y sectores productivos “porque es muy importante que cada proveedor tenga la certeza de cuándo va a cobrar por los servicios, bienes u obras que le entrega a una institución producto de un proceso de compra”.
Según establece la disposición presidencial, previo a realizar cualquier proceso de compra o contratación, cada organismo debe obtener un certificado de la Dirección General de Presupuesto donde avale que dichos fondos estén presupuestados para realizar esa transacción, y antes de cerrar el contrato de compra, debe obtener otro certificado que garantice la disponibilidad de fondos para tales fines.
Asimismo, el decreto obliga a publicar dichos certificados en los portales de compra, a fin de que los proveedores puedan cerciorarse de que la entidad del Estado con la cual firmarían un contrato para proveerle bienes, servicios u obras, estaría realizando el pago en la fecha acordada.
“Este mecanismo permitirá un mejor manejo administrativo y financiero de cada organismo, mejorando la gestión, la transparencia y la rendición de cuentas del conjunto del Estado y el control del déficit presupuestario”, declaró el ministro Montalvo.
De igual manera, con los procedimientos y controles establecidos en el referido decreto se estará mejorando los tiempos de pago a los proveedores del Estado, lo cual redunda en mejoras en la solvencia y liquidez de dichos proveedores, sobre todo las más de 58 mil MIPYME y mujeres, que hoy en día son suplidores del gobierno y que constituyen aproximadamente el 80% de las compras gubernamentales.
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