El decreto del presidente Donald Trump para frenar temporalmente la llegada a Estados Unidos de refugiados e inmigrantes procedentes de siete países de mayoría musulmana ha constituido el momento más polémico de su recién estrenado mandato.
La decisión provocó un escándalo internacional, sobre todo después de que más de 100 inmigrantes y refugiados, incluidos varios que tienen permiso de residencia permanente en Estados Unidos, fueran detenidos en distintos aeropuertos del país. Algunos fueron devueltos a sus países y muchos otros fueron liberados en Estados Unidos, a menudo con la ayuda de abogados locales, tras ser retenidos durante horas.
Los críticos del decreto presidencial consideran que se trata de una decisión inconstitucional e incluso “antiestadounidense”.
Sus defensores sostienen que es sólo una medida temporal similar a restricciones aplicadas en 2011 por el predecesor de Trump, el demócrata Barack Obama, para defender la seguridad nacional en un momento de máxima tensión internacional provocada por atentados terroristas.
Pero, ¿es legal? Echemos un vistazo a las posturas de ambas partes.
No es contra los musulmanes
La primera enmienda de la Constitución estadounidense protege el derecho a la libertad de culto, de expresión y de prensa.
Los partidarios del decreto de Trump insisten en que la orden ejecutiva apunta a “proteger a la nación del ingreso de terroristas extranjeros” y no atenta contra el derecho de nadie.
“Esto no es, repito, una prohibición a los musulmanes”, dijo este martes el secretario de Seguridad Interior, John Kelly, y agregó que la libertad religiosa es un “valor fundamental, un tesoro” a cuidar en el país.
El decreto no está explícitamente dirigido contra los musulmanes, consideró por su lado Jonathan Turley, profesor de derecho en la Universidad George Washington, en defensa de la decisión del nuevo inquilino de la Casa Blanca.
“Existe una ley de 1965”, que prohíbe la discriminación por motivos religiosos o por el origen nacional, recordó, refiriéndose a la Ley de Inmigración y Nacionalidad. “Hay argumentos convincentes en favor del presidente”, agregó en declaraciones a MSNBC.
Benjamin Wittes, redactor jefe de Lawfare, dijo en su blog sobre temas de seguridad nacional que a pesar de la naturaleza “malévola” de la orden por su potencial impacto negativo sobre muchas vidas de inocentes, tiene base legal.
“El poder del presidente en relación con la admisión de refugiados es enorme”, escribió Wittes. “Su poder para limitar la emisión de visas y la entrada de extranjeros a Estados Unidos es muy amplio”, señaló.
El decreto viola derechos
Pero los opositores al decreto presidencial tienen también argumentos que los favorecen.
La Unión por las Libertades Civiles, un grupo de defensa de los derechos humanos que interpuso recursos contra la expulsión de numerosos inmigrantes, logró que los jueces prohibieran las deportaciones de refugiados que ya están admitidos legalmente en el país, o de los inmigrantes dotados de visas provenientes de las siete naciones de mayoría musulmana mencionadas en el decreto.
La jueza de distrito Ann Donnelly escribió en uno de sus fallos que la disposición de Trump “viola derechos al debido proceso y la protección equitativa garantizada por la Constitución de Estados Unidos” a todas las personas.
Michael Price, asesor del programa de libertad y seguridad nacional en el Centro Brennan por la Justicia, dijo que muchos de los argumentos en favor del poder discrecional del presidente para decidir sobre asuntos migratorios “están fuera de lugar”. Dijo que hay dos preguntas relacionadas: si el presidente tiene la autoridad legal y si tiene autoridad constitucional para actuar como lo hizo, y estimó que Trump está equivocado en ambos casos.
El Congreso ha promulgado numerosas leyes para impedir que el presidente excluya a personas por motivos ideológicos, señaló, y recordó que la sección 212 del código actual sobre inmigración prohíbe claramente echar o denegar el ingreso a una persona en función de sus creencias, afirmó a la AFP. “El presidente ha violado” este principio, señaló.
En lo que concierne al tema más amplio de la constitucionalidad del decreto, los tribunales han garantizado que el presidente goza de amplios poderes, “pero si actúa basándose en consideraciones religiosas o con intención discriminatoria, la decisión puede cambiar”, indicó.
Varios legisladores republicanos han afirmado que Trump simplemente está tomando medidas para proteger a los estadounidenses, pero Price estima que sus decisiones no van en ese sentido, sino en una dirección discriminatoria.
Recordó que durante la campaña electoral Trump y varios de sus seguidores, como el exalcalde republicano de Nueva York Rudolph Giuliani, hablaron de prohibir el ingreso al país de inmigrantes musulmanes y de adoptar leyes para lograrlo.
“Va a haber muchísimas demandas legales contra este decreto en los próximos días”, vaticinó.
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