Brasil perderá 1.500 millones de dólares por carne podrida

El ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi, estimó que podrían perderse 1.500 millones de dólares en ventas. Hasta el momento 15 mercados cerraron total o parcialmente sus importaciones o intensificaron sus controles a la carne brasileña.

El caso puso en alerta a la población y clausuró los principales mercados importadores al revelar un escándalo de salud pública con inspectores sanitarios corrompidos por frigoríficos y negocios multimillonarios, en un país que atraviesa una honda crisis de credibilidad desde que salió a la luz un colosal fraude en la estatal Petrobras.

Maggi cree que ya quedó atrás lo peor del escándalo desatado por una denuncia policial sobre el uso de sustancias no aptas para el consumo humano en productos cárnicos.

A continuación, los principales pasajes de una entrevista concedida a la Agence France-Presse este jueves en Brasilia.

¿Cuál es el estado actual de la crisis?

Vivimos una crisis en Brasil por la divulgación de la operación [policial] para desbaratar y sacar de circulación a algunos individuos, algunos funcionarios públicos que fueron corrompidos. Pero en ningún momento tuvimos acusaciones por la calidad de los productos, principalmente los que son de exportación.

En este momento, nuestra gran preocupación es separar esas dos cosas: mostrar que la producción brasileña está bien y que las personas involucradas ya fueron despedidas y van a enfrentar procesos como lo indica la ley.

¿Espera que se cierren más mercados?

Creo que la parte aguda del proceso ya la pasamos. Los países están teniendo buena voluntad, están entendiendo que todos los procesos de años y años que construimos, sumado al hecho de que los propios importadores también nos auditan, les están dando la certeza de que nuestros productos son buenos.

¿Alguno de los lotes de carne cuestionados por la policía llegaron a salir de Brasil?

Solo había una planta (de las 21 investigadas) que aún estaba exportando. Ya pedimos la devolución de todos los contenedores que estaban en tránsito. No hay ningún riesgo de que un país reciba productos que hayan sido embarcados últimamente de esas 21 plantas que están bajo investigación. En los últimos 60 días.

Igualmente, Maggi detalló en una conferencia de prensa más temprano que hay 5.000 contenedores con productos cárnicos brasileños en alta mar, en su mayoría con mercancías que no están bajo sospecha, y dijo esperar que sean recibidos.

¿La reacción de los importadores fue exagerada?

La reacción es absolutamente normal y esperada. No es posible que un país como Brasil, que es un gran exportador de alimentos comunique que tiene un problema y que los otros países simplemente se queden mirando. Estamos dando las explicaciones debidas, circunscriptas a un problema puntual, local, y queremos llevar tranquilidad a los países compradores y a los consumidores internos de que el problema fue de conducta de personas y no de la elaboración de los alimentos.

¿Fueron usados productos cancerígenos y adulteraron etiquetas para extender la validez de los cortes?

Cuando se habla del uso de ácidos que perjudican a la salud, que son cancerígenos, no es cierto. Lo que se usa en la carne es ácido ascórbico, proteínas, conservantes, todos autorizados.

¿La investigación policial comenzó hace dos años, qué pasó en ese tiempo con los productos denunciados?

Esa es una de las fallas de la operación, porque si se lleva adelante desde hace dos años, debió haberse comunicado a la población brasileña que había productos que estaban siendo manufacturados de forma incorrecta.

Las pericias que nos entregó la policía fueron muy pocas, apenas una o dos. No tuvimos acceso al proceso completo. La Policía Federal se equivocó a la hora de comunicar, exageró en algunos ejemplos y estimuló el imaginario popular: la carne no sirve, hay ingredientes que no pueden ser utilizados. Todo eso no es verdad, técnicamente no es posible.

¿El problema es de corrupción, de salud pública, de comunicación?

De corrupción y de individuos. No veo en este proceso cualquier posibilidad de que haya productos que puedan dañar la salud de las personas.

AFP