La oposición venezolana denunció penalmente ante la Fiscalía a Nicolás Maduro, a los jueces de la Corte y a los rectores del Consejo Electoral
La Mesa de la Unidad Democrática acusa al presidente y a los magistrados de la Sala Constitucional del Supremo y a los responsables del poder electoral de “intentar cambiar violentamente la Constitución”. Espera que la procuradora Luisa Ortega Díaz, acusada de traidora por el chavismo, los respalde
"La fracción parlamentaria de Primero Justicia (PJ), en nombre de la unidad democrática, ha venido a hacer una denuncia penal contra el presidente de la República, los magistrados de la Sala Constitucional, y las rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE)", explicó a los medios el diputado opositor Tomás Guanipa
Desde la sede de la Fiscalía de Venezuela en Caracas, Guanipa aseguró que estos funcionarios "han incurrido en un delito muy grave de violación de la Constitución" que, citando el artículo 143 del Código Penal venezolano, señaló que deben ser castigados quienes "conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución".
La oposición recurre a la Fiscalía porque es él único organismo del gobierno que ha denunciado el atropello de la convocatoria de Nicolás Maduro. Como Fiscal general, Luisa Ortega Díaz, rechazó la maniobra del régimen e incluso presentó un recurso ante la Corte para frenar la elección, prevista para el 1 de julio.
Para la oposición, que lleva más de 60 días en las calles, la convocatoria es fraudulenta y el mecanismo dispuesto pro el chavismo no respeta la actual Carta Magna.
La firmeza de Ortega Díaz ha sido un bálsamo para los venezolanos pero sus posturas también le valieron el odio del chavismo. Diosdado cabello, el número dos del PSUV, la llamó traidora e, incluso, se animó a amenazarla con un posible desplazamiento de su puesto.
Es que nadie dudaba de Ortega Díaz hasta que decidió denunciar al Gobierno. De hecho, siempre se la consideró chavista ya que sobre ella pesan decenas de señalamientos por su parcialidad política a favor del chavismo.
La fiscal está casada con Germán Ferrer, diputado del Gran Polo Patriótico, coalición de partidos políticos y movimientos sociales de Venezuela que apoyan la Revolución bolivariana. Su hermano es Humberto Ortega Díaz, quien participó junto a Hugo Chávez en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 y se desempeñó en diferentes cargos, incluyendo el directorio de la extinta Cadivi.
Desde la Fiscalía General ha defendido de manera fervorosa la detención de Leopoldo López y de todos los presos políticos. Y como fiscal, ha estado al frente de casos famosos, como aquel que acusaba a los miembros de la ONG Súmate –entre ellos, la hoy líder opositora María Corina Machado– de conspiración contra la nación y de recibir dinero espurio.
Además, es una de las funcionarios sancionados por el Senado estadounidense por estar involucrados en violaciones de los derechos humanos y en la represión de protestas de grupos opositores durante las movilizaciones de principios de febrero de 2014, que dejaron un saldo oficial de 43 muertos.
Cuando la BBC le preguntó si era chavista, Ortega Díaz lo negó rotundamente. "No, no milito en ninguna organización política. No lo he hecho nunca, porque la Constitución me lo prohíbe. Pero no sólo por eso, sino que nunca he militado". Sin embargo, agregó: "Pero considero que el hombre más humanista que ha existido en el planeta se llama Hugo Chávez".
Sin embargo, algo cambió desde el 1 de abril. La Procuradora general fue la primera funcionaria del régimen que condenó la sentencia de la Corte que anuló el Parlamento (aunque luego se retractó), también condenó la violenta represión del régimen que ya ha dejado 85 muertos, y destrozó la convocatoria a la Asamblea Constituyente con la que Nicolás Maduro pretende retener el poder.
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