Un informe confidencial sobre la venta de cerca de 11 mil tareas de tierra pertenecientes al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) al jugador de Grandes Ligas, Robinson Canó, pone en evidencia una serie de irregularidades en perjuicio del Estado dominicano por más de tres mil millones de pesos.
Según el informe al que el periódico digital Acento.com.do tuvo acceso, durante la gestión de José Joaquín Domínguez, exdirector del CEA – destituido en febrero del 2017 luego del escándalo de corrupción dentro del Consejo y que causó la muerte de tres personas –, el beisbolista adquirió un total de 10,937 tareas, es decir unos 6,877,744.58 metros cuadrados, a un precio “provisional” de RD$ 7.80 y 8.00 por metro cuadrado en algunos casos y, RD$ 5,500 la tarea en otros. Esto arroja la suma de unos RD$ 55,034,984 millones.
Sin embargo, la venta viola una serie de disposiciones legales, iniciando por la resolución 004-2016, aprobada durante la sesión celebrada el 28 de abril del 2016, en la que se fija un costo mínimo de US$ 10.50 el metro cuadrado.
El monto a pagar por el segunda base dominicano, en dicho caso, habría sido de US$ 72,206,998.5, es decir unos RD$ 3,326,576,420.89, calculado a una tasa promedio en 2016 – según datos del Banco Central de la República Dominicana – de RD$ 46.07 por dólar.
Otra irregularidad reposa en la cantidad de tareas que habría adquirido el Grandes Ligas.
Según el informe del CEA, el acuerdo fue realizado con la Gerencia de Inmobiliaria dona Este, cuyo gerente en ese momento era Ramón Rosario (alias Pin). En dicho acuerdo, se le adjudicó a Canó una extensión superficial de 7,626 mil tareas nacionales dentro del ámbito de la parcela número 15-A, del D.C número 16/4, ubicado en la Colonia Alemán y Autovía del Este, municipio Ramón Santana, provincia San Pedro de Macorís.
No obstante, la Dirección Técnica del CEA destaca que se trata de un total de 10,936.86 tareas nacionales asignadas, cantidad correspondiente a la parcela 15-A.
Por la cantidad de tareas según el acuerdo, Canó estaría pagando RD$ 38,288,660. Es decir que el Estado estaría dejando de percibir RD$ 16,746,384, esto sin mencionar la variación en el costo por metro cuadrado que establece la resolución 004-2016 del CEA, de US$ 10.50 por metro cuadrado.
Otro aspecto que resalta el informe es la distribución de la parcela y sus usos actuales. Advierte, en ese sentido que, dentro de la extensión de terreno señalada, existe un asentamiento poblacional denominado Batey Alemán, el cual posee un campo de béisbol, escuela, clínica y casas familiares, con un área de 212,187.04 metros cuadrados.
El documento indica que lo que la venta de los terrenos pondría a los residentes en la zona en situación vulnerable de desalojo forzoso.
Pero no se queda ahí. El terreno también contiene un área de 8,475.95 tareas nacionales (5,330,198.20 metros cuadrados) sembradas de caña de ingenio, cuya tierra forma parte del Contrato de Arrendamiento entre el CEA y LA FINCA S.A.S (Grupo Vicini) antiguamente Castelar.
Además posee dos minas para la extracción de caliche y otras áreas que ya fueron vendidas a otras personas, y una porción de tierra que es propiedad privada.
En el documento, el Comité establece que aunque las negociaciones no están a nombre del Grandes Ligas, se presume que Canó es el beneficiario, debido a que las transacciones se encuentran a nombre de familiares o allegados, además de que hay dos transacciones a su nombre, una por un valor de RD$ 8 millones en fecha 8 de febrero del 2017, y otra por un monto de RD$ 7.7 millones, en fecha 6 de febrero del mismo año, ambas para el pago de dicho terreno.
Pagos irregulares
De igual forma, el informe advierte serias irregularidades en los recibos de pago. De conformidad con el informe de la certificación de los recibos de pagos de la Gerencia de Revisión y Análisis, los recibos que reposan en los expedientes, en su gran mayoría corresponden a otras personas y dos se encuentran nulos. Tampoco siguen una secuencia coherente y unos no poseen la justificación de pago.
Agrega que las fechas en que se realizaron las transacciones por la parte interesada, no coinciden con las fechas de los recibos de pago, los cuales fueron validados durante la gestión de Gilberto Racero.
La negociación del terreno está fraccionada en 26 expedientes, y la tierra en igual cantidad de porciones, las cuales colindan una con otra, todas registradas a nombre de familiares o allegados de Robinson Canó, entre ellos Joselito Canó Soriano, Esmeralda Sosa, Claudia Canó Soriano, Reyna Soriano y Gery Enrique Camarena Morla.
Según el informe, a nombre de Joselito Canó Soriano hay registradas 5,063 tareas con un valor conjunto de RD$ 25,529,150.
El informe subraya que si bien la Ley 141-97 sobre la Reforma de Empresa Pública le permite al CEA vender activos sin distinción alguna, el artículo 16, en su párrafo II y el artículo 128 literal b, las transacciones que superen los 200 salarios mínimos requieren de la aprobación congresual.
En este caso, sin embargo, las negociaciones fueron fraccionadas y 20 de ellas no superan el estándar establecido por ley, algo que el Comité de Ética Pública señala como una violación constitucional, dado que la intención al fraccionar la operación y hacerla a nombre de otras personas, es la de “evadir que la misma sea fiscalizada por el Congreso Nacional”.
En febrero del 2018, el director del CEA, Pedro Mota Pacheco, confirmó a través de la prensa que la institución no podía asumir un compromiso de venta con Robinson Canó, debido a que los terrenos estaban arrendados al Ingenio Porvenir, el cual se encuentra en medio de una Litis. Además que los terrenos comprados por Canó fueron adquiridos durante un período que no estaba permitido.
En ese momento, Mota Pacheco indicó que había pagado unos 50 millones de pesos, una cantidad que se aleja bastante de lo pagado por el pelotero, según la constancia de pago. Agregó que son compradores de buena fe y que el pago era asumido por el CEA como una deuda.
Se aprobó la entrega
A pesar de que el informe de fecha 26 de octubre del 2017 fue enviado al ingeniero Pedro Mota Pacheco, director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y de haberse informado a través de medios de comunicación sobre la adquisición de los terrenos por parte de Robinson Canó, la información no fue divulgada y la transacción se mantuvo en secreto.
El informe indica que el Comité de Ética Pública de dicha entidad se apoderó en septiembre de ese año del caso del pelotero de Grandes Ligas, debido a que la negociación con el beisbolista presenta “serias irregularidades”.
Continúa diciendo que, pese a eso, “se autorizó a proceder con su entrega”, tal como se evidencia en las comunicaciones del 12 y 13 de septiembre del 2017.
En la primera comunicación número CEP-0003, se solicita copia de la comunicación emitida por el director ejecutivo 04404 de fecha 17 de agosto del 2017, mediante la cual se instruye a la Dirección Inmobiliaria otorgar las tierras al beneficiario (Sr.Robinson Canó) de los expedientes a nombre de Joselito Canó Soriano, Esmeralda Sosa, Gery Enrique Camarena Moria, Reyna Soriano y Claudia Canó Soriano.
La segunda comunicación del 13 de septiembre, como respuesta a la CEP-0003, se remite la copia del volante.
La aprobación se llevó a cabo, según el Comité, a pesar de que se incumplió el debido proceso de compra-venta de los terrenos ante el CEA, cuya Dirección Inmobiliaria requiere que se complete una solicitud de compra del terreno y pago del mismo, a la que se le debe anexar un croquis.
Adicionalmente, el cliente debe efectuar un descenso al terreno junto con el gerente de la zona para observar las condiciones del terreno y su situación real.
A partir de este punto, el gerente debe emitir un Informe de No Objeción dirigida al director de Inmobiliaria, y de no existir objeción, se procede con el pago de la tasación y mesura. Posteriormente se hace una cita para medir el terreno con el cliente y agrimensores el día acordado, cuyo trabajo debe constar en el sistema de la Dirección Técnica. Finalmente, dicha dirección debe remitir los planos para identificar si procede o no la venta.
Sin embargo, comprueba que hay pagos facturados por concepto de solicitud de compra, tasación y mesura el mismo día, mientras que en algunos no hay croquis y en otros, se anexó un croquis correspondiente a otra parcela. Tampoco hay un plano georreferencial emitida por la dirección correspondiente, ni existe en la dirección Técnica un levantamiento de campo, salvo el solicitado por la CEP.
Mas, sí hay pagos por conceptos del 35 % del valor total de cada porción de tierra y hasta pago de cuotas, sin haber plano y antes de que se emitiera el Informe de No Objeción, así como el pago de tasación y mesura, realizado previo a la expedición del informe, requerido para la aprobación o no de la venta.
“Además – continúa el informe confidencial –, la parte interesada posee una certificación no oficial de la Institución, que le otorga la puesta en posesión de manera provisional, el cual fue emitido por el Sr. Ramón Rosario (alias Pin), el Ex Gerente de la Zona Este. Dicho documento no constan(sic) en los expedientes. Si no, que forma parte de la documentación que posee la parte interesada. En tal sentido, se puede considerar que este proceso no siguió un curso regular”.
Violación al Decreto 268-16
La transacción también quebró la disposición del Gobierno dominicano que prohibía usufructuar las tierras propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) sin autorización expresa del Poder Ejecutivo.
El informe señala que dentro de la documentación contenida en los expedientes, se encuentra el Informe de No Objeción de cada una de las porciones de tierra, en los que se especifica que “no existe objeción a las ventas de éstas”, las cuales fueron emitidas al inicio del año 2017 por el exgerente de la zona, Ramón Rosario Piantini (Pin), luego de la emisión del decreto 268-16.
“Asimismo – continúa el informe –, se instruyó para que se realizara la entrega del terreno en cuestión el día 17 de agosto del año en curso, sin que existiera un levantamiento de técnico que especificara si la venta procede o no”.
Ramón Rosario Piantini (Pin) no es un desconocido. El exencargado de la Inmobiliaria en la zona Este, fue vinculado a la venta irregular de tierra del CEA en San Pedro de Macorís a José Rodríguez (Joselito), una transacción que causó la muerte de los locutores Leónidas Martínez y Luis Manuel Medina, y posteriormente el suicidio de Rodríguez.
La orden también fue dada posterior a la entrada en vigencia del Decreto y sin la autorización previa del Poder Ejecutivo.
La venta de los terrenos también vulnera un contrato de arrendamiento del Ingenio Porvenir de San Pedro de Macorís, suscrito entre el Consejo Estatal del Azúcar y la empresa Azucarera Porvenir SRL, de fecha 22 de septiembre del 2010, con una vigencia de 30 años, para su explotación, dirección y administración de la sociedad arrendataria.
En ese sentido, a pesar de que la Dirección Técnica manifestó que el terreno pertenece al contrato de arrendamiento con la Finca S.A.S (parte del Grupo Vicini), antigua Constructora Castelar, se comprobó – según el documento – que la tierra forma parte del contrato de arrendamiento con la empresa Azucarera Porvenir, coincidiendo el plano georreferenciar suministrado por la Dirección Técnica con una de las áreas arrendadas.
Adicional a esto, el informe destaca que hasta la fecha el contrato se encuentra en Litis, sin que hasta la fecha el CEA haya podido ganar en las instancias correspondientes, por lo que, hasta no existir una sentencia definitiva que favorezca a la institución anulando dicho contrato, el Consejo no puede disponer de las tierras dadas en arrendamiento.
De lo contrario, en caso de recibir una decisión en contra, el Estado dominicano estaría expuesto a ser demandado por violación a lo estipulado.
Información no entregada
Amparado bajo la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, Número 200-04, se solicitó al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) información sobre el informe de su Departamento Jurídico sobre la venta de los terrenos a Robinson Canó, mediante el Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP).
La respuesta recibida fue una certificación firmada por Juan Alfonso Guerrero, director general de Consultaría Jurídica, que “no existen registros de que el señor Robinson Canó, haya solicitado venta de terrenos dentro del ámbito de la Parcela No. 15-A, del Distrito Catastral No. 16/4, Municipio San Pedro de Macorís, Proyecto Varios, Autovía del Este, Próximo al Batey Alemán”.
Esta información fue entregada a pesar de que la venta al jugador de los Marineros de Seattle había sido confirmada públicamente por el director del CEA, Pedro Mota Pachecho.
Adicionalmente, se requirió al CEA una certificación de depósito del informe legal a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la cual no fue otorgada.
El informe al que Acento tuvo acceso confirma, mediante comunicación CEP-0019, que el documento levantado por el Departamento Juridicio del Consejo Estatal del Azúcar fue depositado en la Dirección General de Ética el 30 de octubre del 2017.
Al requerir a través del SAIP a dicha dirección el documento, la entidad se limitó a suministrar el informe elaborado por la Comisión que dispuso el Poder Ejecutivo sobre el señor José Rodríguez (Joselito), de marzo del 2017, ante un aparente desconocimiento de la situación que involucra al Grandes Ligas y al CEA descrita en el informe.
La petición posteriormente, fue redirigida dentro del sistema por la Dirección de Ética al CEA, sin que hasta el momento se haya emitido una respuesta.
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