Los diputados Fidelio Despradel (Alianza País) y Fidel Santana (Frente Amplio) sometieron este miércoles ante la Cámara de Diputados una propuesta de resolución solicitando la realización de un juicio político contra el presidente Danilo Medina.
El juicio propuesto contra el mandatario es bajo la acusación de financiamiento ilegal de campañas electorales, violación de la Ley de Presupuesto, obstrucción de la Justicia y violación a la Constitución de la República, a través de su relación con el mercadólogo João Santana y la constructora Odebrecht.
En la propuesta concebida y promovida desde la Marcha Verde, Despradel y Santana presentan datos que, según ellos, demuestran cómo Odebrecht transfirió fondos desde otros países a las empresas utilizadas por João Santana para prestar servicios de comunicación y mercadeo al entonces candidato presidencial Danilo Medina y a su posterior Gobierno, violando abiertamente la Ley Electoral.
Según los legisladores, la Cámara de Diputados no puede seguir negándose a cumplir su rol constitucional de fiscalizar las ejecuciones del Poder Ejecutivo, tal como lo hicieron recientemente los diputados del PLD ante la solicitud de los diputados Faride Raful, Francisco Paulino, Agustín Burgos y Robinson Díaz, para el nombramiento de una comisión especial que investigue los contratos firmados por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de Comunicaciones con los señores Joao Santana y Mónica Moura, en el periodo 2012 a 2016, por valor de más de RD$1,400 millones.
Indica el periódico El Nuevo Diario que en la propuesta de resolución se reseñan las declaraciones de Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, Jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, quien reconoció ante el Tribunal Superior Electoral de Brasil la transferencia de fondos de Odebrecht a la campaña de Medina y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
De igual forma se explica cómo Odebrecht transfería desde Perú y otras latitudes fondos multimillonarios a las empresas CINE&ARTS y POLIS DEL CARIBE, a través de las cuáles João Santana y Mónica Moura realizaban las campañas del PLD en República Dominicana y posteriormente recibían contratos de servicios multimillonarios para promocionar la gestión de Medina desde el mismo Palacio Nacional.
Según los legisladores, el mandatario también debe responder a las declaraciones de su exministro y miembro del Comité Político del PLD, Juan Temístocles Montás, quien públicamente reconoció que recibió dinero de Ángel Rondón para financiar las campañas presidenciales del PLD en el 2008 y en el 2012.
“El presidente Danilo Medina debe explicar a este Congreso y a la ciudadanía las razones por las que obstruyó la Justicia nombrando una comisión cosmética para investigar un caso en el que desde el principio del Ministerio Público, el país y el mundo se señaló el carácter penal y mafioso del comportamiento de Odebrecht y sus posibles socios políticos locales”, declararon.
Como muestra del “desorden institucional que han llevado los compromisos con Odebrecht”, en el documento se afirma que basta ver lo que sucedió en el primer trimestre del año 2017, cuando el Gobierno le pagó un total de RD$3,312 millones de pesos (US$70 millones de dólares), equivalente al 192 % de lo que tenía presupuestado el ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para todo el año en obras de la constructora.
Fidel Santana y Fidelio Despradel piden un juicio político al presidente Danilo Medina porque, a su juicio, suplantó las funciones del Congreso, violó la Ley de Presupuesto del 2012 y violó la Constitución de la República al permitir que el Ministerio de Obras Públicas, a través del Ministerio de Hacienda, canalizara varios préstamos con el Banco de Reservas para avanzar pagos a Odebrecht por más de US$127 millones, para la ejecución de obras en los proyectos Autopista del Coral (ADC), Corredor Duarte (CCD) y carretera Miches (PCM), generando intereses ilegales por US$4 millones 850 mil 699 en menos de un año.
El juicio político es una iniciativa de Marcha Verde asumida por los legisladores de Alianza País y el Frente Amplio después de evaluar su contenido y verificar sus principales componentes.
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