El ex pelotero dominicano Sammy Sosa habría sido estafado por 21,3 millones de euros por una pareja financista alemana que se encuentra procesada por la justicia germana. El juicio fue abierto esta semana en la ciudad de Aichach-Friedberg.
De acuerdo con un reporte del periódico Augsburger Allgemeine, Sosa buscaba financiamiento para un proyecto de construcción de viviendas en Panamá cuando conoció a la pareja.
El juez que tiene a su cargo el caso, John Ballis, está convencido de que la pareja teutona es culpable. Sosa, de 47 años, no es el único afectado por el caso.
Indica el periódico Diario Libre que la pareja acusada, que vivía en Madrid y fue arrestada el nueve de diciembre pasado en la capital española, reclutó a Sosa con la promesa de elevar su inversión de forma considerable. El 26 de septiembre de 2014, cuando tuvieron el encuentro donde se cerró el negocio, prometieron elevar sus ganancias en 10 meses a 300 millones de euros a través de las famosas transacciones de “compra y venta” con el único requisito de que el petromacorisano debía entregar 21,3 millones de euros.
Según el expediente, Sosa aportó el dinero cuatro días más tarde a través de una cuenta de un banco español. Una firma de abogados, que actuó como testigo, reconoció el recibo.
Pronto, casi 20 millones de euros fueron transferidos a la compañía de un corredor de bolsas australiano. Andy K., el broker australiano convenció a Sosa de un muy razonable negocio. La garantía de la inversión estaba basada en la compra y venta de acciones con ganancias de un 40% por semana.
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El 27 de enero de 2015 se enviaron a las cuentas de la mujer alemana 14 millones de euros de un banco australiano, desde donde fueron enviados a una pareja en Austria el mismo día.
A Sosa se le habrían entregado 1,3 millones de acciones de la compañía, las cuales son inútiles, de acuerdo al fiscal.
La mujer es una madre de seis hijos y tiene 49 años. Previamente sirvió en el servicio civil y recientemente fue consultora financiera. El hombre, un ex corredor de bolsas, tiene 60 años y en 1987 se declaró insolvente por apostar de forma agresiva a la especulación de la moneda de Nueva Zelandia.
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